jueves, 20 de mayo de 2010

Quién es quién en el escándalo de los abusos

Ante el bombardeo de notas e informaciones sobre el penoso tema de los escándalos sexuales que han afectado recientemente a la Iglesia católica, el National Catholic Register publicó un interesante repaso sobre los principales actores, eventos y cuestiones en juego, así como su importancia en la controversia, especialmente en el contexto estadounidense, pero válido también para otros lugares por los datos de interés ofrecidos. El artículo trata doce puntos.

Benedicto XVI. Hasta antes de 2001 los casos de abusos eran manejados en cada diócesis. Dependiendo de su naturaleza eran enviados al Vaticano (Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Congregación para el Clero, Congregación para la Doctrina de la Fe) o gestionados por los superiores de cada orden o congregación religiosa. Todo eso hacía más difícil unificar procedimientos.

En 2001 todos los casos comienzan a centralizarse en la Congregación para la Doctrina de la Fe cuyo prefecto era el cardenal Joseph Ratzinger. El resultado quedó reflejado en resoluciones más prontas, estrictas y uniformes en pocos años.

Como Papa, Joseph Ratzinger se ha encontrado con víctimas de abusos en Nueva York, Roma, Australia y Malta. Una de las cartas más fuertes escritas por Benedicto XVI fue la dirigida al pueblo irlandés a raíz de los escándalos de abusos en aquel país.

David Clohessy. Se trata del director nacional de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP), desde 1991. Tanto él como Barbara Blaine fueron víctimas de abusos y acuden frecuentemente a los medios para denunciar a la Iglesia. El pasado mes de abril, Blaine estuvo en varios países europeos para impulsar la apertura y difusión de nuevos capítulos en esta tragedia. También dijo que el Papa no ha hecho nada por mejorar la situación.

SNAP ha sido criticado por su falta de transparencia fiscal pues, al parecer, acepta donaciones de bufetes de abogados a los que proporcionarían supuestas víctimas dispuestas a demandar; además, no reconoce los avances reales que la Iglesia ha impulsado en los últimos 9 años.

Laurie Goodstein. Periodista de The New York Times que ha dado una amplísima cobertura crítica sobre el tema de los abusos. En sus diatribas ‘periodísticas’ acusó a Joseph Ratzinger de haber encubierto a un sacerdote –Laurence Murphy– acusación falsa y ampliamente reprobada por periodistas auténticos. La información para estos artículos le fue dada por el abogado Jeffrey Anderson, quien se ha hecho millonario gracias a los acuerdos a los que ha llegado como representante de víctimas o supuestas víctimas de abusos (se puede profundizar en este tema leyendo el análisis El abuso de los abusos parte 1, parte 2 y parte 3).



Laurie Goodstein

Presbítero Thomas Doyle. Sacerdote y abogado canónico de víctimas y crítico de la postura de algunos líderes eclesiásticos en Estados Unidos. En 1985 redactó un informe sobre el tema de los abusos en el clero católico para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Él piensa que no se le tomó en cuenta, si bien su informe fue referencia para tomar algunas medidas e incluso se le ha invitado en diferentes diócesis para dar pláticas y asesoramiento. De él dijo el abogado Jeffrey Anderson en 2004: “es el tipo que sabe por dentro cómo funciona y cómo funcionan”.

Jeffrey Anderson. Es abogado. Ha presentado miles de demandas contra la Iglesia. Gracias a ello, para 2002 había logrado 60 millones de dólares. En 2007 representó a las víctimas y supuestas víctimas de la denuncia contra la arquidiócesis de Los Ángeles, de la que se obtuvieron 600 millones de dólares en un acuerdo. Associated Press reveló que Anderson suele percibir en torno al 30% de las ganancias netas. Fue este abogado el que proporcionó información a Laurie Goodstein para lanzar sus calumnias contra el Papa Benedicto XVI en The New York Times.


Jeffrey Anderson

National Catholic Register refiere que dado que la mayor parte de los casos de abuso son de entre 1960 y 1985, los casos de Anderson a menudo superan los estatutos de limitaciones establecidas en la mayoría de los estados. En este sentido, se ha presionado para la derogación de la ley de prescripción en varios estados y, de hecho, en 2003 fue un éxito en California.

Actualmente, el Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de escuchar la apelación de Anderson para poner en entredicho la inmunidad soberana del Vaticano, que fue rechazada por los tribunales inferiores.

Jeffrey Lena. Abogado y experto en leyes, es el actual defensor jurídico de la Santa Sede en la demanda promovida por Anderson en Estados Unidos. Anteriores intentos por quitar la inmunidad a la Santa Sede han fracasado. Después de recibir amenazas por su defensa de la Santa Sede, Jeffrey trasladó su oficina a un lugar no revelado en Berkeley, California.

Presidium, Inc. Ayuda a las organizaciones a proteger y estableces normas para evitar abusos. Da títulos de seguridad y acreditación a instituciones, además de ofrecer controles y auditorias. Con sede en Arlington, Texas, Presidium ha trabajado con 4,000 clientes, tanto laicos como de organizaciones religiosas (congregaciones y diócesis). También acredita a campamentos, servicios sociales y clubes de niños.

Comité Nacional de Revisión. Es un ente dependiente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para la prevención de abuso de menoress por parte de personal de la Iglesia. Asesora sobre políticas y prácticas en materia de trabajo con niños y jóvenes, examina la labor de la secretaria de protección de niños y formula recomendaciones; investiga causas de abusos y ayuda a prevenirlos. Actualmente es presidido por Diane Knight y, desde 2007, cuenta con el apoyo de 13 miembros más.

Opus Bono Sacerdotii. Organización con sede en Detroit, fundada en 2002 por Joseph Maher y otros hombres de negocios. Quiere ser una ayuda, de acuerdo a la caridad cristiana, para los sacerdotes acusados y culpables de abusos, dándoles, según sea el caso, asesoría jurídica. También sostienen económicamente mientras encuentran otro trabajo o mientras su caso se resuelve.

Laicización. Es el proceso canónico por el cual el obispo despide del estado clerical a un sacerdote o diácono, quedando éstos sin facultades para la celebración de los Sacramentos. Esto sólo ocurre con la autorización de la Santa Sede. La expulsión del estado clerical es la pena más grave para un sacerdote que, después de un proceso canónico, ha sido encontrado culpable de abusos. Cuando la justicia civil encuentra culpable de abusos sexuales a un clérigo, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede llegar a pedir al Santo Padre un decreto ex oficio para el despido del estado clerical del culpable. Laicizado, la Iglesia está libre de cualquier responsabilidad sobre el sujeto.

Un obispo puede retirar también las facultades a un sacerdote en cualquier momento, prohibiéndole el ministerio público, sin que se le reduzca al estado laical. De acuerdo al oficial de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 60% de los casos tratados sigue esta dinámica.

Estatuto de limitaciones. Según los estados, un delito o presunto delito deja de ser procesable judicialmente después de cierto tiempo. Hay dos tipos de demandas a las que se puede someter a alguien: penal, que se ocupa de la persecución de un individuo por un crimen; y civil, que busca el resarcimiento o el beneficio monetario por daños.

Algunos estados han justificado la prescripción, es decir, abrir un caso a pesar de que el tiempo ya no lo haga judicialmente penable, por diferentes motivos. Otros estados no tienen estatutos sobre el particular.

La eliminación de limitaciones para proceder a juicio, sobre todo cuando ya ha pasado mucho tiempo, se aplica sólo a instituciones civiles, como la Iglesia, nunca a las públicas, como el gobierno, alegando el principio de la inmunidad soberana. “En su testimonio ante la Asamblea del Estado de Wisconsin, en octubre de 2009, el abogado James Birnbaum dijo que la derogación de la ley de prescripción en las instituciones privadas crea dos clases de víctimas. Si alguien es abusado sexualmente por un agente público, y la persona no tiene recursos, la entidad pública no tiene la obligación de proceder. Las mismas acciones, para un agente de una entidad privada, sí procedería, sin limitaciones y las víctimas deberían ser indemnizadas.

La derogación de la ley de prescripción abriría la posibilidad de pagar millones de dólares en juicios contra las diócesis por los casos que tienen décadas de antigüedad, drenando las instituciones de beneficencia y los fondos otorgados por particulares para obras de caridad, sin la protección de los niños de hoy o la curación real para una víctima actual.

"La tendencia clara es que sea más fácil de llevar los casos antiguos de cualquier víctima de abuso sexual", dijo Patrick Schiltz, profesor de derecho en la Universidad de Santo Tomás. "Cuando ellos demandan, el pastor casi siempre está ya muerto".

Renuncias de obispos. Algunos obispos europeos han renunciado por el mal manejo de los casos de abusos. Irlanda es el único país que tiene una investigación del gobierno para saber cómo manejaron las acusaciones los obispos. En Alemania y Bélgica también han renunciado otros obispos.